La Policía
Nacional desarrolló una gran operación contra una trama
urbanística de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, que venía
controlándose y recabando in formación desde hace ya algún
tiempo. La alcaldesa, su asesor de Urbanismo y otras 18 personas,
entre ellas dos ediles, han sido detenidos. Los agentes desalojaron
el Consistorio y registraron el domicilio de Marisol Yagüe.
A primera hora de la
mañana de este miércoles varias furgonetas del Cuerpo Nacional de
Policía irrumpieron en la Plaza de los Naranjos (sede central donde
se encuentra el Ayuntamiento de Marbella), e hicieron salir a todos
los funcionarios, permitiendo sólo la estancia en su interior del
informático y el secretario municipal, Leopoldo Barrantes.
Los agentes,
adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la
Comisaría General de Policía Judicial de la Costa del Sol,
registraron, la vivienda particular de Yagüe, alcaldesa del la
ciudad, situada en la calle La Florida y la del asesor de Urbanismo
del Ayuntamiento y gerente de Urbanismo en la etapa de Jesús Gil,
Juan Antonio Roca. Ambos han sido detenidos
junto a otras 18 personas, entre ellas el secretario y
los concejales de Cultura y Educación, José Jaén, y Tráfico,
Victoriano Rodríguez .
Nueve de los arrestos
se produjeron en Madrid, algunos tras el registro en la capital de
la sede del gabinete jurídico de Sánchez Zubizarreta y Soriano
Pastor. También se ha detenido a una persona en Murcia, Ernesto
Ramón Celdrán Gelabert, propietario de una finca que compró en
nombre de Roca.
Unos
150 policías judiciales y de la Unidad de Intervención
Policial se dividieron en distintos puntos de las dependencias
municipales de Marbella y de las viviendas de Yagüe y Roca.
Igualmente se presentaron agentes en el despacho del
superintendente de la Policía Local, Rafael del Pozo y han sido
inspeccionadas oficinas de Planeamiento Urbanístico.
La policía intervino
numerosos documentos tanto en el Ayuntamiento como en la casa
de la alcaldesa. El interventor municipal ,como responsable se quedo
al cargo de la custodia de dos cajas fuertes que estaban en
las dependencias de Alcaldía, que en su momento no fueron abiertas.
Además, la Policía bloqueó más de mil
cuentas bancarias.
Se da la
circunstancia de que la vivienda de Yagüe, había sido objeto hace 20
días antes de un embargo preventivo por un impago, motivados
por unas obras de remodelación efectuadas en aquella casa, de
949.926,77 euros, más intereses, gastos y costas procesales. La
alcaldesa fue citada a declarar el viernes día 31 de mayo en calidad
de imputada por un presunto
delito de malversación de fondos públicos en
unas obras de reforma de su propia vivienda.
El segundo teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Tomás
Reñones, ha asumido el cargo de alcalde en funciones.
Reñones es un antiguo jugador del Atlético de Madrid que Jesus Gil
se llevó con el a Marbella, donde estuvo jugando durante dos
temporadas en el equipo de aquella ciudad, para acceder mas tarde a
tareas gubernativas en la etapa del mandatario atlético.
La enorme trama
La desarticulación de
la trama fue bautizada como Operación Malaya, extendiéndose desde
Málaga hasta Madrid, pasando por Murcia y trata de poner al
descubierto un complejo entramado societario que encubre numerosas
actividades delictivas. Cabe la posibilidad, estça aún
investigándose, que la trama marbellí llegue a otras ciudades
españolas.
La investigación se
inició en noviembre de 2005 bajo la dirección del magistrado Miguel
Ángel Torres y la Fiscalía Anticorrupción. Con el tiempo se ha ido
descubriendo la participación de numerosas personas en varios
delitos de malversación de caudales públicos, cohecho,
tráfico de influencias y maquinación para alterar el
precio de las cosas. Todo ello encubierto a través de un entramado
de sociedades de grandes proporciones.
La operación
surgió a raíz de unas escuchas telefónicas que tenían relación con
otro caso denominado "Operación Ballena Blanca", dedicado a
investigar el blanqueo de dinero en España y que se inició
en marzo de 2005 trayendo como consecuencia
la detención de mas de cincuenta personas. Las llamadas
interceptadas tuvieron como consecuencia la percepción de otra red
de blanqueo, que se investigó y cuyo punto esencial se
encontraba en Marbella.
El pasado mes
noviembre del año 2005, el presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, ordenó la
retirada inmediata de competencias urbanísticas
al Ayuntamiento de Marbella. Esta medida entró en vigor el 12 de
diciembre, el mismo día de aplicación de la nueva Ley de Vivienda y
Suelo de la Comunidad Autónoma, que facultaba al Ejecutivo a retirar
las competencias a aquellos ayuntamientos que vulneren la legalidad
en materia de ordenación y planeamiento del suelo.
La consejera
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción
Gutiérrez, ha señalado que
se están revisando todas
las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella
agregando que está solicitando la "suspensión cautelar" de dichas
licencias en el caso de que no se ajusten a la legalidad vigente.
En torno a esta trama,
ya se sabe, que la Audiencia Provincial de Málaga dictó su
primera sentencia firme contra el ex alcalde Julián Muñoz y contra
otros seis concejales y ex concejales por un delito de prevaricación
relacionado con la ordenación del territorio.
Los Antecedentes
Tres alcaldes y siete concejales han sido
encarcelados o condenados por corrupción en la Costa del Sol desde
1991. El ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, ya fallecido, ingresó
dos veces en la cárcel durante su etapa al frente del Consistorio.
El 7 de enero de 1999 fue condenado por malversación de caudales
públicos, seguido de una serie continuada de delitos de
falsedad en documento público y prevaricación. Seis días después
quedó en libertad bajo fianza de cien millones por motivos de salud.
El juez le acusó de consentir la sustracción de 450 millones de
pesetas del erario público del Ayuntamiento de Marbella e
ingresarlos en el club Atlético de Madrid, dinero que utilizó en su
mayoría en la publicidad de las camisetas del club, del que
era máximo accionista y responsable.. En octubre de 2000, la
Audiencia de Málaga lo condenó a 28 años de inhabilitación para
ejercer cargo público. Dicha sentencia fue confirmada en abril de
2002 por el Supremo y Gil tuvo que abandonar la Alcaldía.
Fue nuevamente encarcelado durante su etapa al frente del
Ayuntamiento de Marbella por el desvío de unos 27 millones de euros
entre 1991 y 1995. En abril de 2002, pasó seis días en la prisión de
Meco, imputado por malversación de caudales públicos y falsedad
documental. Posteriormente, Gil saldría en libertad tras depositar
una fianza de 700.000 euros. Por este mismo caso, el juez Del Olmo
ordenó la detención también del entonces gerente de Urbanismo, Juan
Antonio Roca, Manuel Castel, ex asesor externo de las empresas de la
Corporación marbellí y presunto contable del entramado financiero,
José Luis Jiménez, ex gerente de Contratas 2000 y José
Luis Sierra, ex asesor de Gil.
Su sucesor en la alcaldía, Julián Muñoz, siguió sus pasos y ha sido
condenado en tres ocasiones. La Audiencia de Málaga le impuso dos
años de inhabilitación como autor de un delito contra el ejercicio
de los derechos cívicos. Fue asimismo condenado a seis meses de
cárcel y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación
urbanística. En la misma trama se encausó a los concejales Rafael
González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, María
Alcalá y Dolores Zurdo.
El ex alcalde de Marbella fue también fue condenado en
noviembre de 2005 a un año de prisión y ocho de inhabilitación por
un delito contra la ordenación del territorio. También fueron
condenados a la misma pena los ediles del GIL (partido político que
formara Jesús Gil ),Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle,
Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo.
Por otra parte y al hilo del casó Marbellí el alcalde de Manilva,
Pedro Tirado, fue encarcelado por el mencionado caso "Ballena
Blanca", la mayor operación de blanqueo llevada cabo en
España, y después puesto en libertad bajo fianza.
Además de los alcaldes encarcelados, siete concejales del
Ayuntamiento de Marbella han sido condenados por delitos
urbanísticos y malversación. El edil andalucista Carlos Fernández,
uno de los autores de la moción de censura contra Muñoz, fue
condenado el pasado diciembre a dos años de cárcel y tres de
inhabilitación por malversación.
LA SITUACIÓN Y PARTE
LOS IMPUTADOS
En la operación
policial en Marbella, dirigida por un juez y la Fiscalía
Anticorrupción, fueron registradas las dependencias municipales del
Ayuntamiento, domicilios particulares y fueron detenidas 20
personas, entre ellas, la alcaldesa Marisol Yagüe. La operación
incluyó actuaciones policiales en Málaga, Murcia, Madrid, Huelva y
Cádiz y en ella participaron agentes de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF).
La Junta ha impugnado
178 licencias de obra.
Los jueces han parado
250 proyectos ya comenzados
Marisol Yague
Fue militante socialista. Con el GIL entró a formar
parte de la Corporación marbellí en 1991, donde ha continuado de
forma ininterrumpida. En agosto de 2003 se convirtió en alcaldesa al
prosperar una moción de censura contra Julián Muñoz. Está imputada
en varios procedimientos urbanísticos, entre ellos los casos
Brick 2000 y Bohemian
Juan
Antonio Roca
Ex gerente de
Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella con Jesús Gil. En la
actualidad era asesor del área de Urbanismo de Marbella, tras su
nombramiento por la alcaldesa Marisol Yagüe. Imputado en una causa
seguida en la Audiencia Nacional por el desvío de 30 millones de
euros de dinero municipal
José
Jaén
Viene de la sección
sindical de Justicia de UGT. Tras el robo de sumarios en los
Juzgados de Marbella conoció a García Marcos, que en 2003 lo fichó
para su lista electoral. Fue expulsado del PSOE por dar su apoyo a
la moción contra Julián Muñoz. Se ocupa de la delegación de Cultura.
Victoriano Rodríguez
Es agricultor y tiene
74 años. Su amistad con Jesús Gil viene de su época como corredor de
Fincas. Entró a formar parte del Ayuntamiento en 1998, tras la
dimisión del entonces primer teniente de alcalde, Pedro Román. Se
encarga de Transportes y Vía Pública.
Isabel
García Marcos
Concejal socialista de
1991 a 2003. Expulsada del PSOE en 2003 junto a otros dos ediles del
partido por apoyar la moción de censura contra Muñoz. De propulsora
de querellas contra el equipo de gobierno ha pasado a estar imputada
en varias causas contra la ordenación del territorio. Es la primera
teniente de alcalde de Marbella y responsable de Puerto Banús.
Leopoldo
Barrantes
Secretario del
Ayuntamiento de Marbella. Ha estado imputado en varios procesos
judiciales aunque no ha recibido ninguna condena
Rafael Calleja
Hombre de confianza de
Jesús Gil, entró en la Corporación en 1999 como responsable de
Turismo. Tras apoyar la moción de censura fue nombrado concejal de
Urbanismo, cargo del que fue relevado por la alcaldesa por ofrecer
sin su autorización cargos a ediles próximos a Julián Muñoz para
incorporarlos al pacto de gobierno. Delegado de Turismo y Comercio,
está imputado por autorizar licencias irregulares.
Antonio Luque
Concejal de Hacienda
en 1999. Actualmente pertenece al equipo de gobierno como edil no
adscrito, y es diputado del GIL en Málaga. Ha sido relegado tanto
por Julián Muñoz, que le dejó sin cartera, como por Marisol Yagüe,
que primero lo relevó como edil de Hacienda y teniente de alcalde y
más tarde lo destituyó como gerente del Puerto Deportivo de Marbella
José Luis Fernández
Garrosa
Lleva como concejal
desde 1995. Fue coordinador de Turismo y en la actualidad se ocupa
de la delegación de Personal. Al igual que sus otros compañeros del
GIL, está acusado de varios delitos urbanísticos.
Vicente Manciles
Miembro del grupo de
apoyo del GIL en la campaña electoral de 1991. En las primeras
corporaciones presididas por Jesús Gil fue coordinador de Obras.
Concejal desde 1999, se ocupa de Obras Públicas y Limpieza. Imputado
en el caso Fergocom y en varias denuncias urbanísticas.
Carmen Revilla
Locutora y
presentadora de los medios de comunicación municipales en las dos
primeras legislaturas del GIL, en 1999 se incorporó a la Corporación
marbellí como concejal de la Mujer, cargo que compagina hoy con la
tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara. Cuenta con varias
denuncias por delitos urbanísticos.
Pedro Pérez
Concejal del PA, fue
destituido en septiembre por la alcaldesa, junto a su compañero
Carlos Fernández, por irregularidades en la gestión de la delegación
de Limpieza. Está imputado por extorsionar, presuntamente, a
trabajadores municipales para que dieran parte de sus sueldos al PA
y en varias causas urbanísticas.
Carlos Marín
Concejal del grupo
mixto. Es uno de los muchos ediles investigados por el Tribunal de
Cuentas, que ha analizado la gestión del Grupo Independiente Liberal
en el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales desde
1999 a 2001.
Francisco Javier
Lendinez
Pertenece a uno de los
muchos grupos o subgrupos mixtos que integran la corporación
marbellí en la oposición. Concejal de Marbella desde 1999.
Alberto García
Muñoz
Abogado y concejal
desde 1999, el sobrino de Julián Muñoz se ha convertido en una de
las voces más críticas con la gestión de Marisol Yagüe. Actualmente
es concejal no adscrito.
Julián Muñoz
Ex alcalde de
Marbella. Fue desbancado por Marisol Yagüe en una moción de censura
en agosto de 2003 apoyada por su propio partido. Tiene dos condenas
por delito urbanístico, otra por negar información a la oposición y
varias causas pendientes de sentencia.
Marisa Alcalá
Única concejal que se
ha mantenido durante todo este tiempo fiel a Julián Muñoz. Se
incorporó al GIL como concejal de Asuntos Sociales en 1991. En
noviembre fue inhabilitada junto a Rafael González y otros cuatro ex
gilistas por el caso Banana Beach. Tiene otros casos
pendientes.
Carlos
Fernández
Concejal del GIL en
1991 hasta que en 1998 el fallecido alcalde lo relevó por
irregularidades en la delegación de Deportes, (ha sido declarado
culpable de un delito de malversación de caudales públicos). En 1999
se incorporó al PA. Promotor de la moción de censura contra Muñoz y
socio de Yagüe, que lo destituyó por extorsionar, presuntamente, a
trabajadores de Turismo y Puerto Banús. Está imputado en varios
delitos urbanísticos.
Rafael González
Concejal desde 1995,
fue el único edil del GIL que no tomó partido en la moción de
censura. Formó el mixto C, y posteriormente se incorporó al equipo
de gobierno de Yagüe. El 9 de noviembre fue inhabilitado por la
Audiencia de Málaga por un delito urbanístico, al autorizar una
promoción inmobiliaria en Banana Beach. Condenado a seis meses de
prisión y ocho años de inhabilitación.